Desde nuestra organización gremial tenemos el deber como trabajadores profesionales de sector de la salud de denunciar y exigir a las autoridades que tomen medidas urgentes para revertir los números de la vergüenza que muestran los indicadores de la malnutrición en un país que se dedica a la producción de alimentos adecuados para garantizar una nutrición saludable.
La cantidad calculada de la producción es para abastecer a unas 400 millones de personas. Siendo nuestra población de 45 millones resulta irracional que la malnutrición infantil en niños menores de 5 años de las zonas rurales y urbanas ronde un 35 % promedio aproximado por déficit o por exceso.
Casi 5 millones de niños compatriotas son pobres, 13 % de los niños de la población infantil padece de inseguridad alimentaria extrema, es decir que durante los últimos 12 meses han reducido el alimento por causas económicas, siendo este indicador de 17,4 % para los niños bonaerenses. Por otra parte hay que incluir al otro grupo de niños dentro de los afectados por la malnutrición y ellos son los que reciben alimentación gratuita en las escuelas y comedores, pero que no llegan a una alimentación segura. La causa principal de esta enfermedad es la grave desigualdad social existente, siendo la pobreza en niños en el conurbano bonaerense del 63,6% (año 2018 54,2 %) y la pobreza establece claramente una relación directa con una alimentación inadecuada que por supuesto no es voluntaria.
La inseguridad alimentaria en los niños afecta sensiblemente el crecimiento y el desarrollo en esta crítica etapa de la vida comprometiendo el futuro de las personas afectadas, hecho que lo único que produce es el reciclado de la desigualdad y la enfermedad. Hay que recordar que esta situación ya debe ser tomada como de pobreza estructural.
Sin ahondar más en indicadores, esta crisis alimentaria no se ha producido por un desastre natural, fue el resultado de una crisis económica y financiera que es de público conocimiento, siendo por ello una obligación ineludible que desde el Estado y particularmente de quienes lo administran se establezca una rápida acción en el marco de una “emergencia alimentaria” para frenar el daño que esta realidad genera.
Recuperar un Ministerio de Salud será un desafío futuro inmediato por el ineludible valor que impone establecer un Plan Alimentario Nacional en el marco de una Política de Estado y que se pueda asegurar a la “Salud” como un verdadero derecho.
